Tal vez deberíamos empezar por planificar y definir un proyecto global de la Comunidad Valenciana a largo plazo, una ESTRATEGIA en la que se fijase, al menos, a 20 años vista cuál sería el modelo productivo que querríamos y cuáles serían las medidas necesarias para lograrlo. Para conseguir una economía basada en el conocimiento, en mi opinión, tres son las áreas más importantes sobre las que se debe de actuar la educación, el territorio y la fiscalidad. En este artículo, me referiré únicamente a la fiscalidad.
En cualquier entorno económico, los impuestos son un elemento determinante del balance final entre costes y beneficios, lo que convierte a la fiscalidad también en un factor altamente crítico desde el punto de vista de la economía del conocimiento y del impacto de la innovación en el modelo productivo. Toda estrategia orientada hacia la economía del conocimiento requiere un enfoque específico centrado en la fiscalidad del conocimiento.
Así, la política fiscal se convierte en una de las claves para poder afrontar un cambio de modelo económico. Para alcanzar dicho objetivo, es preciso crear estímulos fiscales para los emprendedores y, especialmente, para los innovadores.
Los incentivos que existen en la actualidad están previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y serían, básicamente, los siguientes libertad de amortización de activos afectos a I D, bonificación de ingresos por cesión de determinados intangibles y deducción en la cuota de gastos de I D i. El inconveniente de este tipo de incentivos es que únicamente se pueden hacer efectivos cuando la empresa tiene beneficios.
Según EUROSTAT, refiriéndose al año 2006 (no hay datos más actualizados), la exportación de bienes altamente tecnológicos suponía el 40% del total de Luxemburgo, el 28%, del de Corea del Sur, el 26% del de Estados Unidos o el 21% del de Suiza. ¿Y cuál era este porcentaje en España en ese año? Únicamente el 4,92%.
De los datos anteriores, podemos extraer dos conclusiones la primera, existe una relación directamente proporcional entre la riqueza de un país y el nivel de penetración de la economía del conocimiento en su proceso productivo la segunda, los incentivos fiscales existentes en España son claramente insuficientes para favorecer el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
A mi juicio, se podrían plantear, brevemente, varias vías de intervención fiscal políticas arancelarias, incentivos fiscales a la financiación e impuestos municipales.
Aproximadamente, un 58% del tráfico de manufacturas entre países BRIC y un 55% del de los países de la OCDE está relacionado con actividades o procesos industriales de media-alta o de alta tecnología. Las zonas francas, en las que no se exige aranceles, ni IVA, pueden facilitar el acceso preferente a esos flujos inteligentes del comercio exterior. Un ejemplo de lo anterior sería la zona franca de Daegu-Gyeongbuk, en el que se ubican varios clusters el del Transporte y Automoción, el de Energías Limpias y el de Tecnologías Informáticas. Solo este último aloja nada menos que a 1.353 empresas y emplea a 81.732 personas.
La ausencia de barreras arancelarias incrementa las posibilidades de inversiones extranjeras directas vinculadas a las industrias del conocimiento y la creación de empleo en esos sectores. No obstante, para que una zona franca pueda conseguir ser un foco de atracción de inversión, debe, además, de estar situada cerca de un nodo logístico. ¿Se da esta circunstancia en la Comunidad Valenciana? Sin ninguna duda. Tenemos el puerto líder del Mediterráneo. Nos faltaría el corredor ferroviario a Europa.
Por otro lado, es preciso estimular la creación de start-up, empresas basadas en la innovación. Como he señalado anteriormente, los incentivos fiscales existentes solo se pueden hacer efectivos si la empresa tiene beneficio. Sin embargo, una star-up, en sus primeros años, suele obtener pérdidas por lo que no puede disfrutar de estos incentivos. Una posible solución sería que las sociedades que financien una start-up puedan imputarse las pérdidas de ésta mediante un régimen de transparencia fiscal similar al de las agrupaciones de interés económico. De este modo, se incentivaría la inversión en empresas basadas en el conocimiento.
Asimismo, los ayuntamientos, aunque tengan una capacidad limitada, pueden adoptar también medidas fiscales para incentivar la innovación. En este sentido, existen experiencias de reducción o eliminación de impuestos municipales a favor de ciertos tipos de actividades ejemplo de ello es la Zona Franca de Industrias Creativas y Culturales creada recientemente por el Ayuntamiento de Madrid. Las empresas de este sector que se ubiquen en la misma disfrutarán de exenciones de hasta 5.000 euros en el Impuesto de Circulación, en el de Construcciones, Instalaciones y Obras y en las tasas de basuras y de vados.
De lo que se trata, en definitiva, es de convertir a la Comunidad Valenciana en un territorio fiscalmente favorable al conocimiento y la innovación para propiciar, junto con otras medidas, un cambio de nuestro modelo económico.