El reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo en su sentencia del 16 de octubre de 2020 supone novedades en cuanto a su interpretación del efecto preclusivo de las actuaciones realizadas en un procedimiento de comprobación limitada, confirmando la imposibilidad de la Administración de regularizar elementos tributarios que ya han sido previamente comprobados.
En el siguiente White Paper, María García Chanzá analiza en profundidad esta cuestión: